En el mundo de la abogacía madrileña hay perfiles discretos y perfiles incómodos. Pedro Muñoz Lorite (Úbeda, Jaén, 1979) pertenece claramente a los segundos.
Desde su despacho de la calle Cardenal Marcelo Spínola dirige una firma de medio centenar de profesionales. Al mismo tiempo preside una asociación que se ha personado como acusación popular en causas que afectan a altos cargos públicos, a partidos y a instituciones.Ha pasado por los despachos internacionales más grandes del mundo, ha hecho carrera académica en Londres y Nueva York y defiende sin complejos un liberalismo clásico que impregna tanto su forma de ejercer como su manera de entender el país.
Raíces en Sierra Mágina
Su historia empieza lejos de los tribunales, en los olivares de Úbeda y Jódar, en la comarca jiennense de Sierra Mágina. Su familia no tenía tradición jurídica: se dedicaba al campo, al cultivo del olivo y a la producción de aceite. Su padre, Salvador Muñoz Mengíbar, es titular de fincas olivareras en la zona, y Pedro, el primogénito, pasó allí los primeros años de su infancia.
Ese entorno, cuenta quien lo conoce, le dio una idea muy concreta del derecho. Antes que una disciplina abstracta, lo veía como la herramienta que permite cerrar un contrato, cobrar una venta, resolver un conflicto por el agua de riego o defenderse de una administración. Esa visión práctica, pegada a la economía real, acompaña desde entonces su carrera. Y nunca ha cortado el vínculo con Jaén: sigue implicado en los asuntos de la comarca, desde los conflictos sobre el agua de riego del Jandulilla hasta la vigilancia de la gestión municipal en Jódar.
Granada, Londres, Nueva York
Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada. Ya en las aulas mostraba un interés especial por el derecho mercantil y el fiscal, y también por el pensamiento político. En aquellos años, en una universidad y un ambiente juvenil donde predominaban las posiciones de izquierda, se acercó a círculos y foros liberales. Esa formación ideológica le marcaría para siempre.
En 2004 dio el salto al Reino Unido. Se incorporó a la oficina londinense de Baker & McKenzie, una de las mayores firmas jurídicas del mundo, en un momento en que la City vivía su máxima expansión. Allí trabajó en operaciones transfronterizas, estructuras societarias internacionales y fiscalidad, y combinó el ejercicio con estudios de posgrado y trabajo doctoral vinculado a la London School of Economics.
Después llegó Nueva York. Se trasladó a la sede de la firma en Manhattan y le tocó vivir desde dentro la crisis financiera de 2008: la caída de Lehman Brothers, el hundimiento del crédito y la oleada de reestructuraciones que siguió. Fueron años de jornadas interminables y de trabajo con clientes de varias jurisdicciones a la vez. También fueron años de formación académica en la Universidad de Columbia, donde profundizó en ciencia política y en la relación entre mercados, instituciones y democracia.
Esa etapa internacional le dejó, según su entorno, dos cosas: una forma de trabajar muy exigente y la convicción de que el derecho español necesitaba despachos capaces de moverse con soltura entre lo jurídico, lo económico y lo tecnológico.
El nacimiento de LABE
En 2010 volvió a Madrid y fundó LABE Abogados. El nombre resume la idea original: Law and Business Enterprises, derecho y empresa. Lo que empezó como una estructura reducida ha crecido hasta convertirse en un despacho multidisciplinar de unos cincuenta profesionales que trabaja en derecho laboral, fiscal, penal, mercantil, administrativo y de familia.
La cartera de la firma es variada. Defiende a particulares en conflictos laborales, inspecciones tributarias o procedimientos penales. Asesora a pymes y a empresas tecnológicas. Y ha prestado servicios jurídicos y tributarios a administraciones públicas que han licitado contratos de asesoramiento y de orientación jurídica a ciudadanos. Esa doble posición, la de abogado que asesora a la administración y la de abogado que la demanda, la asume con naturalidad: para él, el derecho administrativo es un terreno donde el ciudadano necesita, más que en ningún otro, alguien que conozca las reglas del juego.
Alrededor del despacho ha ido construyendo un pequeño grupo de sociedades. Varias tienen un componente tecnológico, como las dedicadas al desarrollo de software jurídico y de inteligencia artificial, y otra conecta con sus raíces agrícolas a través del sector alimentario. Es un reflejo de una idea que repite a menudo: el abogado del futuro no puede ser ajeno a la tecnología.
La apuesta tecnológica
Esa inquietud le llevó a ser uno de los primeros abogados españoles en interesarse por el encaje legal de las criptomonedas, la cadena de bloques y la tokenización de activos, es decir, la representación digital de bienes reales como inmuebles, oro, materias primas u obras de arte. Cuando en España apenas se hablaba de estos asuntos, ya analizaba cómo encajarlos en la normativa del mercado de valores y en el sistema tributario.
Su tesis es que la tokenización puede abrir a pequeños inversores activos que hasta ahora estaban reservados a grandes patrimonios. Una vivienda, un local comercial o una cartera de materias primas pueden fraccionarse y negociarse con una agilidad impensable hace unos años. Reconoce, eso sí, que el desafío es regulatorio: dar seguridad jurídica a algo que nació precisamente para esquivar a los intermediarios tradicionales. La entrada en vigor del reglamento europeo MiCA ha confirmado, a su juicio, que este terreno ha dejado de ser marginal.
La acción popular como bandera
Pero si su nombre ha trascendido fuera de los círculos profesionales, ha sido por su faceta de litigante en asuntos de interés público. Muñoz Lorite preside la Asociación Libertad y Justicia, con domicilio en el Paseo de la Castellana, a través de la cual ejerce la acción popular, la figura que la Constitución reconoce a cualquier ciudadano para personarse en un proceso penal aunque no sea víctima directa del delito.
La asociación se ha personado como acusación popular en la causa que investiga a Begoña Gómez en los juzgados de Madrid. Ha presentado denuncias y querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo relacionadas con presuntos casos de corrupción. Ha llevado a los tribunales cuestiones tan dispares como la gestión de la crisis migratoria de Ceuta del pasado verano, la aplicación de la llamada "ley de nietos" de la Ley de Memoria Democrática o la contratación pública en la Comunidad Valenciana. También ha promovido acciones relacionadas con víctimas del terrorismo de ETA. Algunas de esas iniciativas han sido admitidas y otras rechazadas, y varias han acabado en recursos ante instancias superiores. Es una pauta habitual en un litigante que no rehúye agotar todas las vías. En septiembre de este año, la asociación solicitó al Ministerio del Interior su declaración de utilidad pública, que está en tramitación.
Sus críticos le reprochan un uso intensivo de la acción popular, una figura que ha estado en el centro del debate político y que algunos partidos han propuesto limitar. Sus defensores sostienen que precisamente por eso es más necesaria que nunca: que la sociedad civil organizada es, a veces, la única que lleva a los tribunales asuntos que las instituciones prefieren no tocar. Él mismo se ha enfrentado en los tribunales a partidos de distinto signo, a administraciones de todos los colores y a su propio Colegio de Abogados, lo que refuerza su imagen de verso suelto.
Un liberal sin complejos
Su perfil ideológico es claro. Se define como liberal, influido por Friedrich Hayek y la Escuela Austríaca de economía, y defensor de la propiedad privada, la responsabilidad individual, la libertad contractual y un Estado limitado. Esa convicción no se queda en el terreno de las ideas. Explica buena parte de sus batallas judiciales: contra lo que considera abusos de la administración, contra la opacidad en el uso de fondos públicos y contra la falta de control sobre el poder político.
En el plano académico, trabaja desde hace años en una investigación de largo aliento sobre la ética protestante, la racionalización constitucional y la estabilidad democrática. Parte de la obra clásica de Max Weber, que vinculó el surgimiento del capitalismo con la disciplina y la ética del trabajo de las sociedades protestantes, y se pregunta qué queda de esa herencia en las democracias actuales. En su opinión, la tecnología, los algoritmos y los sistemas automatizados son en parte herederos de aquella racionalización. Pero las instituciones democráticas solo resisten si se sostienen sobre ciudadanos responsables y reglas claras, y no sobre la expansión ilimitada del Estado.
El hombre detrás del abogado
Con más de dos décadas de ejercicio a sus espaldas, Muñoz Lorite mantiene un ritmo de trabajo que sorprende incluso a sus colaboradores. Alterna vistas, escritos y reuniones con la investigación académica y la gestión de un grupo empresarial. Vive en Madrid con su esposa y sus tres hijos, y vuelve con frecuencia a Jaén, donde sigue de cerca los asuntos de su familia y de su comarca.
En lo poco que le deja la agenda practica el senderismo y el golf. Ha viajado varias veces a Nepal y al Tíbet, donde ha recorrido rutas de montaña y visitado monasterios budistas, una experiencia que, según cuenta, le sirve para tomar distancia de la intensidad de los tribunales.
Quienes lo conocen coinciden en un rasgo: no deja nada a medias. Ni un pleito, ni un recurso, ni una discusión. Para unos es su mayor virtud y para otros su mayor defecto. Lo que nadie discute es que, en una profesión donde muchos prefieren pasar desapercibidos, Pedro Muñoz Lorite ha elegido el camino contrario.
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