El expresidente regional niega ante la Audiencia Nacional haber intervenido en las adjudicaciones de las instalaciones deportivas de la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. La Fiscalía pide seis años de prisión para los acusados.
Durante su declaración como acusado en el juicio del caso Lezo, celebrado en la Audiencia Nacional, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González negó este miércoles haber intervenido en las adjudicaciones del Canal de Isabel II para la construcción de unas instalaciones deportivas sobre la cubierta de su tercer depósito. La información la avanza Madridiario.
González aseguró que nunca participó "en ninguno de los contratos" del proyecto y atribuyó las decisiones al consejo de administración del organismo. "Los contratos los hace el consejo de administración", afirmó.
"Yo no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie".
Según explicó, el proyecto se modificó en 2004 por iniciativa de la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre, que consideraba que no era adecuado un helipuerto en el centro de la capital y veía una oportunidad para dotar de instalaciones deportivas a un distrito que carecía de ellas.
Las obras se adjudicaron a Dragados, que subcontrató a TCT. González negó haber mantenido contactos con la constructora y dijo que nunca "le he pedido a Dragados nada".
Sobre la relación de TCT con su hermano Pablo González y su cuñado Juan José Caballero, también acusados en la causa, el exdirigente afirmó que nunca tuvo conocimiento de esa vinculación. Según su versión, ambos entraron en la empresa en 2008, cuando la adjudicación ya se había producido.
González explicó que, al conocer esas informaciones, consultó al gerente del Canal, que le trasladó que sus familiares no aparecían en la documentación analizada. La Fiscalía pide seis años de prisión para todos los acusados de esta pieza, entre ellos González, el exgerente Ildefonso de Miguel y el socio de TCT José Antonio Clemente. El Ministerio Público les atribuye delitos de cohecho y reclama una multa de 550.000 euros para cada uno.
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