La Comunidad de Madrid exige a la Delegación del Gobierno que despliegue a la Policía Nacional y desaloje la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol en un plazo de 48 horas. Si no actúa, recurrirá a la justicia con un contencioso administrativo y pedirá el desalojo como medida cautelar.
La Comunidad de Madrid ha enviado este martes un requerimiento a la Delegación del Gobierno para que desaloje la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde el pasado sábado. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso da un plazo de 48 horas para que se despliegue la Policía Nacional y se evacue el centro de la capital, según ha podido saber 20minutos. Si no se cumple, la Comunidad recurrirá a la justicia mediante un recurso contencioso-administrativo en el que solicitará como medida cautelar el desalojo de la plaza.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha comparecido desde la Real Casa de Correos para anunciar la medida y ha cargado contra la actitud de la Delegación del Gobierno. En su opinión, la situación en la Puerta del Sol no puede mantenerse: «La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol». El consejero también ha reprochado al delegado del Gobierno, al que ha llamado «delegado del sanchismo», que no haya actuado para evitar la concentración.
«Desde el pasado sábado, los madrileños están sufriendo una acampada ilegal en la Puerta del Sol con la complicidad y sin que el delegado del Gobierno o el Ministerio del Interior estén haciendo absolutamente nada para evitarlo»
La Comunidad califica la concentración de «ilegal» y sostiene que está causando «importantes perjuicios a los vecinos y a los comerciantes» de la zona, con pérdidas económicas para los negocios. El consejero ha advertido de que, si la acampada continúa, los comercios podrían sufrir un daño económico similar al del 15-M, que cifró en más de 90 millones de euros. Además, el Gobierno regional alega que es necesario proteger la Real Casa de Correos, un edificio de más de 250 años declarado Bien de Interés Cultural, que en los últimos días ha sufrido pintadas y el lanzamiento de basura contra su fachada y ventanas.
Junto al recurso contencioso-administrativo, el Ejecutivo de Ayuso estudia otras acciones en la vía penal contra el delegado del Gobierno. El Ayuntamiento de Madrid también ha remitido su propio requerimiento para que se disuelva la concentración «de forma inmediata». En su escrito, el Consistorio argumenta que la protesta no fue comunicada previamente, lo que supone un incumplimiento del ordenamiento jurídico, y que está provocando dificultades para la movilidad en la zona y un riesgo para la seguridad. El Ayuntamiento menciona altercados como el lanzamiento de pintura contra la sede de la Presidencia regional y asegura que se han registrado «varios incidentes violentos dentro de esa concentración, sin que la Delegación haya hecho nada para impedirlos».
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid ha reafirmado tras recibir el requerimiento su compromiso de «continuar velando por la seguridad ciudadana en la acampada» y de proteger la Real Casa de Correos como Bien de Interés Cultural. Fuentes de la Delegación han exigido a Díaz Ayuso «respeto al derecho fundamental de reunión» y han invitado a la Comunidad a apoyar la convalidación de los nuevos decretos sobre vivienda. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ya había señalado que la acampada es «reivindicativa, pero absolutamente pacífica» y que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es «velar por la seguridad ciudadana», por lo que no autorizaría su desmantelamiento.
La acampada por la vivienda comenzó el sábado en la Puerta del Sol, junto a la sede del Gobierno regional, con cientos de ciudadanos que reclaman medidas a las administraciones para hacer frente al problema de la vivienda y evitar más desahucios como el de Maricarmen. La protesta se mantiene de forma indefinida. El plazo de 48 horas dado por la Comunidad de Madrid vence este jueves; si la Delegación no actúa, el Ejecutivo regional presentará el recurso contencioso-administrativo con la petición de desalojo cautelar.
Viral en la red
También te puede interesar
