La Comunidad de Madrid denuncia en la vía penal al anterior delegado del Gobierno por no intervenir en la acampada de la Puerta del Sol, que lleva más de un mes instalada en el centro de la capital.
La Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia por la vía penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el anterior delegado del Gobierno, Francisco Martín, por su actuación ante la acampada de la Puerta del Sol. Según publica 20minutos, el Ejecutivo regional le atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa por no haber intervenido para desalojar el asentamiento, además de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
El escrito incluye una relación de supuestos hechos delictivos que, según sostiene la Comunidad, no se han perseguido. Entre ellos figuran agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad afirma que estas conductas se siguen cometiendo de forma continuada en la plaza. Ahora será la instancia judicial correspondiente la que examine las acusaciones.
El anuncio lo ha hecho el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este viernes.
La iniciativa llega tras más de un mes de permanencia de la acampada en el centro de Madrid. El asentamiento empezó el 26 de septiembre, con una movilización del Sindicato de Inquilinas por el desahucio de una mujer de 87 años. El sindicato dejó de acampar el 2 de octubre, pero las tiendas y estructuras han seguido en la plaza desde entonces.
García Martín ha insistido en que la situación perjudica a los comerciantes del entorno. El Gobierno regional ya había emprendido otras acciones: un contencioso-administrativo para reclamar a la Delegación que levantara el asentamiento y una denuncia ante la Fiscalía por posibles delitos de odio, injurias y daños contra el patrimonio, que dio lugar a la apertura de diligencias.
La Delegación del Gobierno, por su parte, ha respondido que desconoce el contenido de la denuncia:
«Desconoce el contenido de dicha denuncia y que no puede realizar, por tanto, valoraciones al respecto».
Además, la Delegación sostiene que todas las decisiones adoptadas desde el inicio de la acampada se han tomado con respeto a la legalidad vigente y a los derechos fundamentales.
Antes de dejar el cargo, Francisco Martín envió una carta a los acampados en la que les pedía abandonar la plaza, al considerar que ya había transcurrido un tiempo razonable. Preguntado por esa comunicación, García Martín ha afirmado que la petición de desalojo debería haberse producido:
«Mucho antes».
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