La acusación particular reclamará una indemnización al Ministerio de Justicia y, en su caso, al Interior por no hacer un seguimiento correcto de la protección de la víctima, que tenía tres denuncias y máxima alerta policial.
La acusación particular en el juicio por el asesinato de una mujer de 29 años a manos de su expareja en el distrito de Usera en 2024 reclamará al Estado una indemnización por no haber protegido a la víctima, según ha podido saber 20minutos. La joven había denunciado tres veces a su agresor por malos tratos y la Policía Nacional le había concedido la situación de máxima alerta.
El juicio ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular y la exposición previa de las partes. El acusado, que ya acumula dos condenas previas por amenazas y agresiones contra la propia fallecida, está previsto que declare el próximo lunes ante el tribunal.
La defensa ha explicado que reclamará al Ministerio de Justicia y, en su caso, al Ministerio del Interior una indemnización por "no haberse hecho un seguimiento correcto" a la protección de la víctima. Si se produce silencio administrativo, planteará una demanda civil contra el Gobierno.
"No se adoptaron las medidas necesarias para evitar el desenlace mortal"
La acusación sostiene que la mujer se encontraba en situación de máxima alerta policial tras haber denunciado en tres ocasiones a su expareja, por lo que considera que existió un fallo en las medidas de protección que debía recibir.
El fiscal relata que sobre el acusado pesaba una orden de alejamiento dictada el 22 de noviembre de 2024 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 11 de Madrid, que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer y comunicarse con ella por cualquier medio. En uno de los episodios de violencia, la víctima tuvo que huir por el balcón de su vivienda.
Los hechos ocurrieron sobre las 2.00 horas del 30 de diciembre de 2024. Según el relato del fiscal, tras una discusión en la habitación que compartían, el acusado cogió un cuchillo de cocina de 33 centímetros y le asestó varias puñaladas en el cuello y el tórax, que le seccionaron la carótida y la yugular y le provocaron la muerte por shock hipovolémico. Después abandonó la vivienda y fue detenido ese mismo día. Dos días más tarde, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid acordó su ingreso en prisión provisional.
El Ministerio Público solicita una pena de 26 años de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otro de asesinato, con las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género. La acusación particular suma la reincidencia como circunstancia agravante. La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación popular, reclama la misma pena de cárcel.
Además, el fiscal pide cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y la prohibición de aproximarse y comunicarse con el hijo menor de la víctima durante 30 años. En concepto de responsabilidad civil, interesa que el acusado indemnice con 340.000 euros al hijo menor de la fallecida y con 85.000 euros a cada uno de los padres.
Tras el crimen, vecinos de Usera se movilizaron para mostrar su repulsa y reclamar una mayor protección para las mujeres víctimas de violencia de género, así como para trasladar su apoyo a la familia de la joven.
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