Más de 7.000 jóvenes madrileños presentan problemas relacionados con el juego. Los salones de la Comunidad y las webs de apuestas dependen de reguladores distintos, y la reforma estatal solo afecta a estas últimas.
Según publica Madridiario, más de 7.000 jóvenes madrileños presentan problemas relacionados con el juego, una cifra que el diario dio a conocer en octubre. Mientras tanto, el Ministerio de Consumo sometió a consulta pública en mayo la reforma de la ley estatal del juego online, que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) negocia con el sector este otoño.
Para un vecino de Madrid, la cuestión práctica es qué administración puede actuar en cada caso. Los salones de juego presenciales dependen de la Comunidad de Madrid, mientras que las webs de casino y apuestas responden ante el Estado, aunque el local y la aplicación estén en el mismo barrio.
El juego presencial se rige por la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid, que define qué es un salón de juego, un local de apuestas o un bingo. Cada local necesita una autorización autonómica, y los inspectores de la Comunidad vigilan las máquinas y que no entren menores. La planificación de esos locales se fijó con el Decreto 19/2022, de 20 de abril, que estableció distancias mínimas entre establecimientos.
El juego por internet tiene otro régimen. Una web que ofrece casino o apuestas a residentes en España necesita una licencia estatal concedida por la DGOJ, dependiente del Ministerio de Consumo. Da igual que la empresa tenga su sede en Madrid o en otro país: si su oferta llega a jugadores españoles, responde ante la DGOJ.
Esto significa que la Comunidad no puede intervenir sobre una aplicación de casino, y que las normas estatales sobre publicidad, verificación de identidad y límites de depósito se aplican igual en Madrid que en cualquier otra provincia. Lo que cambia de una casa a otra son las condiciones de pago, como los importes mínimos, que suelen estar entre 1 y 20 euros, y el plazo de las retiradas, que puede ser inmediato o llegar a una semana.
La consulta de mayo se abrió para modificar la Ley 13/2011, de regulación del juego, la norma que ordena el juego online. Según el propio sector, recibió más de cincuenta alegaciones, y durante el verano y el otoño el regulador se ha reunido con patronales del juego presencial y online y con LaLiga. Entre los puntos sobre la mesa figuran las promociones para captar clientes, la publicidad en buscadores y redes, la presencia de famosos e influencers en los anuncios y una verificación de identidad más estricta para impedir el acceso de menores. Estos cambios afectarían a las webs, no a los salones de la Comunidad.
Quien quiera dejar de jugar debe inscribirse en dos registros. El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) bloquea el acceso a las webs con licencia de la DGOJ, y cada comunidad mantiene su propio registro para los locales físicos. El trámite es gratuito, voluntario y no exige justificar nada. Para recibir ayuda más allá del registro, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) atiende en el 900 200 225.
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